El Principado eliminará la sidra gasificada exógena de su propuesta para obtener la denominación de origen para la sidra, según ha podido saber este periódico. Fue precisamente ésta una de las principales trabas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la propuesta inicial del Gobierno autonómico. El Principado remitirá este mes su contestación al informe elaborado por el Ministerio, en el que se señalaban las posibles trabas para que la bebida regional consiguiera la denominación de origen.Con todo, el informe que enviará el Principado incluirá algunos de los nuevos productos de sidra como la «brut» o «seca» a los que Madrid ha puesto algunas reticencias, basándose en la legislación existente. No obstante, desde el propio Ministerio se ha reconocido que es necesario abordar una revisión de la normativa que rige la sidra y que data de 1979.Pese al severo revés que supuso el informe del Ministerio a la propuesta inicial del Gobierno asturiano, el Principado se mostró desde el inicio dispuesto a alcanzar un acuerdo que permitiese obtener la calificación cuanto antes. Desde Madrid, por boca de Manuel Lamela Fernández, subsecretario del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se ha apuntado que si se excluye la sidra gasificada, la denominación de origen podría concederse este mismo año. No cabían demasiadas opciones. Es el Ministerio el que finalmente tiene la última palabra en la solicitud que se envía a Bruselas, porque debe garantizar que la propuesta se ajuste a la ley comunitaria. El informe jurídico de Madrid era inflexible respecto a la posibilidad de incluir en la denominación de origen a la «sidra achampanada», cuyo gas se añade en el proceso y para que la se recomendaba una figura menor: la indicación geográfica protegida. Este producto estaba incluido en la propuesta inicial del Principado, pese a que, según Madrid, ya eran conocidas las dificultades. Además, el informe de Agricultura tampoco daba luz verde a ciertos nuevos productos derivados del mosto, como la sidra «brut» o «seca» que, en cambio, el Principado sí mantiene por el momento. Sin embargo, estas diferencias se deben principalmente a los requisitos legales a los que debe someterse la bebida asturiana, que data de 1979 y que ha sido cuestionado a lo largo de este proceso. Ni Madrid ni el Gobierno regional quieren, aseguran, que este debate tenga lecturas políticas.